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Riesgo climático y factores ambientales, sociales y de gobernanza serán parte de la política de inversiones de las AFPs

afp , esg
2 noviembre, 2020

El regulador de pensiones chileno (Superintendencia de Pensiones – SP) cerró el 28 octubre, 2020 el período de consulta al proyecto de norma que incorpora directrices referidas a riesgo climático y factores ambientales, sociales y de gobernanza -ASG- (proyecto de norma).

Felipe Cousiño
Socio

La comunidad internacional de inversionistas ha ido adquiriendo una conciencia creciente de la importancia del riesgo climático y de los factores ASG en el análisis del riesgo-retorno de sus inversiones.

Esta mayor conciencia se ha traducido en importantes iniciativas privadas como la suscripción del Global Reporting Initiative (GRI) y de los Principles for Responsible Investment (UN PRI) por un número creciente de empresas internacionales e  incluso varias locales.

De hecho, el regulador de bancos, valores y seguros de Chile (CMF) en su análisis a fines de 2019 sobre una propuesta de norma (modificando la NCG 386) para obligar a los emisores chilenos informar al público en base a criterios similares al GRI, mencionó que, de acuerdo a la base datos del GRI, a julio 2019, 176 empresas chilenas (de un total de 13,956  a nivel mundial) han reportado alguna vez sus prácticas de sostenibilidad de acuerdo con ese estándar. Asimismo, cuatro de las siete AFPs de Chile son miembros del PRI,  lo que significa que se han comprometido a incorporar los temas ASG en sus análisis y toma de decisiones en materia de inversiones (Principio 1); ser dueños activos e incorporar temas ASG en sus políticas y prácticas en relación con las empresas en las que  invierten (Principio 2); y procurar que se entregue a los inversionistas información adecuada en materias ASG por parte de los emisores (Principio 3).

El Proyecto de Norma va en la misma línea anterior aunque agregando específicamente el riesgo climático como parte de los riesgos de crédito, de mercado y fiduciario que deben ser considerados a la hora de fiscalizar a las AFP.

En tal sentido, el Proyecto de Norma especifica que dentro de la gestión de los riesgos financieros, particularmente riesgo de crédito y mercado, la política de inversión de cada AFP deberá abordar los criterios que adoptará  para la adecuada gestión de las oportunidades y riesgos derivados del cambio climático y los factores ASG, considerando a lo menos (i) la identificación del marco de referencia definido para su gestión, en caso de existir; y (ii) criterios generales de riesgo utilizados en el proceso de inversiones.

 

A este último respecto, el Proyecto de Norma exige abordar, entre otros aspectos:

(a) Evaluar de prácticas de gestión de riesgos y calidad de la información divulgada, como parte del proceso de inversión;

(b) Identificar métricas para medir la exposición de la cartera a estos riesgos, en caso de existir; y

(c) Describir los principales mecanismos que compromete la AFP para la promoción en los emisores y vehículos de inversión de las buenas prácticas de gestión de riesgo y de divulgación de información.

No sería de extrañar que lo anterior lleve a las AFPs a exigir a los emisores en que inviertan que ellos adopten estándares internacionales, como el GRI, y que genere una tendencia a preferir aquellas inversiones verdes que cumplan con una taxonomía reconocida.

Sin embargo, el Proyecto de Norma está estructurado de manera realista ya que no exige que las AFPs inviertan solamente en activos que cumplan con una taxonomía, considerando que el mercado mundial de activos verdes, si bien ha crecido mucho en los últimos años, es aún relativamente pequeño. Asimismo, se debe considerar que en materia de reportes relativos a riesgos climáticos sólo algunas jurisdicciones (aunque importantes, tales como China y la Unión Europea) han logrado algún avance en una taxonomía para implementar las recomendaciones del 2017 del Grupo de trabajo dirigido por la industria sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD) de la Financial Stability Board (FSB) en respuesta a lo solicitado el 2015 por los Ministros de Finanzas y Gobernadores de los Bancos Centrales del G20. El Proyecto de Norma también es realista al reconocer que en muchos casos, particularmente tratándose del riesgo de cambio climático, no siempre será posible identificar un marco de referencia para gestionar estos riesgos, ni tampoco identificar las métricas para medirlos.

En todo caso, el realismo del Proyecto de Norma no significa que no plantee desafíos y exigencias importantes desde el punto de vista de los gobiernos corporativos para las AFPs, ya que involucra temas de altísima complejidad para los cuales no existen soluciones claras desde un punto de vista científico o técnico.

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