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Raúl Montero en Estrategia Legal: Las Pymes No Usan el Sistema de Quiebras

2011 , Estrategia Legal , rml
8 noviembre, 2011

Estrategia Legal, martes 8 de noviembre de 2011

Ver nota en Estrategia Online

El abogado Raúl Montero, de Alessandri y Compañía, señala que las pequeñas empresas tampoco han recurrido a la ayuda del asesor económico de insolvencias.

—¿Cómo evalúa la aplicación de la Ley de Reorganización y Quiebra de Pequeñas Empresas?

—El denominado Estatuto Pyme cumplió un año y medio de vigencia, lo que ha permitido conocer las áreas que requieren una mayor atención de parte del Ejecutivo. Por ello, se ha anunciado el envío este año de modificaciones para facilitar la apertura y cierre de dichas empresas, mejoras en el acceso a financiamiento y la creación de una bolsa de unidades emergentes, áreas que se han mostrado falentes.

—¿Cómo se mejoran esas falencias?

—Es relevante avanzar en un modelo más eficiente y expedito de quiebra acelerada, aplicable a empresas en sus primeros años de funcionamiento, que en un breve plazo les permita poner término efectivo al giro de las compañías. De esta forma, un primer o segundo emprendimiento fallido, debe tener una rápida, expedita y formal resolución, permitiendo una reorganización del pequeño empresario. Sin una adecuada y eficiente legislación podremos seguir observando la realidad actual, que este tipo de empresas no quiebran conforme al sistema formal, sino que simplemente dejan de operar, generando innumerables efectos colaterales tanto para el empresario, sus trabajadores, proveedores y el mercado en general.

—El uso del mecanismo es bajo, en especial, porque no se cumple con el criterio relativo a tope de ventas. ¿Se debería ampliar el rango de cobertura?

—Un ejemplo demostrativo de que la regulación requiere modificaciones, es precisamente el que el sistema de quiebras diseñado en el Estatuto para apoyar a las Pymes no ha sido utilizado por ninguna de ellas. El Estatuto clasifica a las empresas por sus ventas y número de trabajadores, pero existen rubros determinados que pueden figurar con una facturación alta, sin embargo, con márgenes muy ajustados, entonces la sola consideración a las ventas resulta insuficiente, requiriendo incluir otras variables que hagan más sofisticado el ámbito de aplicación.

—¿ Cuáles?

—En la categorización respectiva deben incluirse diversas variables como el capital de trabajo, número de trabajadores, volumen de ventas u otros, que permitan estratificar en forma más adecuada.

—¿Es expedito el sistema de solicitud del asesor económico de insolvencias? (Ver recuadro)

—La Ley N° 20.416 incluyó la figura de asesores económicos de quiebras para Pymes, pero en la práctica no ha funcionado porque ninguna empresa ha requerido de ese servicio. Si bien aparece como un mecanismo sencillo de utilizar, en la práctica la asesoría económica no se encuentra dentro de criterios a los que las pequeñas empresas recurran habitualmente.

—Comparado a otros países de la región, ¿cómo está nuestra ley en cuanto a protección de la pequeñas empresas? ¿Qué aspectos faltan desarrollar?

—Un tema clave resulta ser el del financiamiento. Las grandes empresas cuentan con variados mecanismos financieros, de los que las Pymes carecen, por lo que el Estado debe buscar las herramientas adecuadas que permitan facilitar su financiamiento durante las primeras etapas, ya sea a través de subsidios, incentivos a los capitales semilla, e incluso mediante la creación de bolsas específicamente relacionadas con Pymes, en las que los inversionistas puedan participar. La modificación que el gobierno ha anunciado parece apuntar en esa dirección.

Otro aspecto indispensable se relaciona con la difusión de las medidas, tanto para los destinatarios como para los usuarios, ya que hay desconocimiento de la normas, lo que implica que en la práctica continúen existiendo barreras y trámites.

Insolvencias

El asesor económico de insolvencias es nombrado por la Superintendencia de Quiebras, y se encargará de determinar la situación económica, financiera y contable de la empresa. Tras ello, el asesor otorgará el certificado de insolvencia, que permite postergar por hasta 90 días las demandas de los proveedores de la empresa.

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