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Sistema de Declaración Voluntario y Extraordinario de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero

La artículo 24° transitorio de la Ley 20.780 establece un sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes y rentas que se encuentran o hayan sido obtenidos en el extranjero. Esta norma establece que entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015, aquellos contribuyentes domiciliados o residentes en Chile, que no hayan cumplido oportunamente con las obligaciones tributarias respecto de dichos bienes, lo puedan hacer acogiéndose a una tasa de impuesto preferencial y con carácter de único.

Además de los bienes que se encuentren efectivamente en el extranjero, el legislador extiende la declaración a aquellos bienes que se tengan en Chile a través de entidades en el extranjero sean estas sociedades o encargos fiduciarios en general.

Alguna de las características más relevantes de este sistema son las siguientes:

  1. Se podrán acoger a este sistema los siguientes bienes: i) bienes incorporales muebles nominativos, tales como acciones o derechos en sociedades constituidas en el exterior, o el derecho a los beneficios del trust o fideicomiso, toda clase de instrumentos financieros o valores que sean pagaderos en moneda extranjera; ii) divisas; y iii) rentas que provengan de los bienes indicados en los números i y ii. Estos bienes deben haberse adquirido con anterioridad al 01 de enero de 2014.
  2. La presentación de la declaración autoriza al SII, a la Unidad de Análisis Financiero y cualquier otro órgano del estado que pudiese tener injerencia en la declaración e ingreso de los bienes y rentas, para requerir a los bancos información específica respecto de dichos bienes.
  3. Se aplicará un impuesto con tasa del 8% sobre el valor de los bienes y rentas declarados. Este impuesto tendrá el carácter único y sustitutivo de los impuestos que pudieron haber afectado a los bienes objeto de la declaración.
  4. El SII tendrá un plazo de 12 meses contados desde el pago del impuesto para desplegar todas sus facultades de fiscalización respecto del cumplimiento de los requisitos que establece este sistema. Vencido este plazo caducan de pleno derecho las facultades de revisión y fiscalización de la respectiva declaración.
  5. La declaración y pago, en conjunto con el cumplimiento de los demás requisitos legales hace presumir de derecho la buena fe del contribuyente extinguiendo de pleno derecho las responsabilidades civiles, penales o administrativas.

Sin perjuicio de las bondades del sistema, quedan tremendas dudas acerca de su aplicación práctica.

Tal vez una de las dudas más relevantes es respecto del estándar probatorio que aplicará el SII para dar por acreditado el origen de los fondos que se declaran. Tampoco es claro, cuan atrás debe ir el contribuyente para justificar el origen de los fondos declarados, quedando abierto un flanco de discrecionalidad en favor de la autoridad administrativa difícil de ponderar a priori.

Asimismo, preocupa enormemente las consecuencias del rechazo de la declaración por parte del SII ya que esto implicaría que los fondos cuya situación se intenta regularizar a través del sistema, pasen de una tasa preferencial del 8% a tasas del régimen general que pueden llegar al 40%.

Otro tema relevante derivado de un posible rechazo de la declaración es el relativo a la buena fe del contribuyente. Como la propia Ley lo declara, el contribuyente se acoge de buena fe al sistema para regularizar el incumplimiento de una obligación tributaria. En base a esto, la Ley entiende que el contribuyente autoriza al SII para requerir a los bancos información específica respecto de los bienes y rentas declarados. Ahora bien, si el SII estima que no se ha cumplido con los requisitos que la norma establece y rechaza la declaración, ¿Debemos entender que ahora el contribuyente está de mala fe?

Por aplicación de las normas generales, del rechazo de la declaración también se deriva la extensión el plazo de prescripción de tres a seis años.

Finalmente, la Circular N°8 de 2015 que analiza este sistema, deja abierta la posibilidad que el SII pueda suspender indeterminadamente la revisión ya que no impone un plazo para resolver las presentaciones del contribuyente derivadas de observaciones formuladas por el ente fiscalizador, pudiendo extenderse la revisión más allá de lo razonable.

Quizás estas sean las razones de por qué ningún contribuyente se ha acogido a este régimen aún.


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