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Ley sobre portabilidad financiera simplifica y reduce costos y tiempos de consumidores

covid-19 , portabilidad financiera
24 junio, 2020

La Ley publicada el 9 de junio en el Diario Oficial y que regula el proceso de portabilidad financiera con y sin subrogación, busca simplificar y reducir significativamente los costos y el tiempo para realizar los trámites de cambio de proveedor de productos y/o servicios financieros (incluyendo cuentas corrientes, tarjetas de crédito y créditos hipotecarios, entre otros) para los consumidores definidos en la Ley Nº19.946 y las PYMEs, estableciendo dicha portabilidad como un derecho irrenunciable para el cliente y otorgándole un rol más ágil y activo a las instituciones financieras, para satisfacer los acotados plazos señalados en la ley.

 

Catalina Spencer

Abogada Asociada

Alessandri

 

Con fecha 9 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.236 que regula la portabilidad financiera (la “Ley”), que tiene por objeto simplificar y reducir significativamente los costos y el tiempo para realizar los trámites de cambio de proveedor de productos o servicios financieros, otorgando especialmente a las personas naturales y las PYMES, acceso a los mismos en mejores condiciones, estableciendo la portabilidad como un derecho irrenunciable para el cliente.

I.Ámbito de aplicación 

  1. Clientes: los beneficiados con esta ley serán todas las personas, naturales o jurídicas, que mantengan vigente uno o más productos o servicios financieros, y que tengan la calidad de Consumidor o de PYME, según estos términos se definen en la ley Nº 19.946 y la ley Nº 20.416, respectivamente.
  2. Proveedores: tendrá esta categoría toda entidad fiscalizada por la CMF en virtud del DFL Nº 3 (1997) del Ministerio de Hacienda, y algunas otras definidas en la Ley.
  3. Objeto: algunos de los productos y servicios más relevantes incluidos en esta iniciativa son las cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, así como los créditos (hipotecarios, de consumo y automotrices).

 

II. Etapas del proceso de portabilidad financiera

  1. Solicitud de portabilidad: el cliente deberá presentar una solicitud de portabilidad al proveedor al cual quisiera portar sus productos o servicios financieros.
  2. Emisión de certificado de liquidación: Si no lo hubiere aportado el cliente (o hubiere perdido su vigencia), el nuevo proveedor deberá solicitar al actual proveedor un certificado de liquidación – de carácter gratuito – que incluirá un detalle de todos los productos y servicios contratados, así como las condiciones vigentes de los mismos (tasas, costos, comisiones, valor de prepago, etc.). También, si procediere, este último deberá entregar un certificado de pago de impuesto de timbres y estampillas.
  3. Oferta de portabilidad: si acoge la referida solicitud, el nuevo proveedor deberá presentar una oferta escrita y vinculante al cliente, con los detalles que la Ley y su reglamento especifiquen, y que permitan a este último evaluar y comparar las condiciones de sus productos y servicios vigentes, con las ofrecidas por el nuevo proveedor. La referida oferta deberá señalar su plazo de vigencia, que en todo caso no podrá ser inferior a siete días hábiles bancarios, contados desde su emisión.
  4. Aceptación del cliente y otorgamiento del mandato de término: si acepta la oferta, el cliente deberá comunicar su decisión por escrito al nuevo proveedor. Mediante dicha aceptación, el cliente le otorga al nuevo proveedor un mandato de término respecto de los productos y servicios ya especificados, facultándolo para cerrarlos, bloquearlos y realizar todos los pagos, comunicaciones y/o requerimientos correspondientes, incluyendo la extinción de todas las garantías que los caucionaren.
  5. Contratación de nuevos productos/servicios y cumplimiento del mandato: el cliente y el nuevo proveedor celebrarán los contratos de los productos y servicios aceptados, debiendo este último cumplir el referido mandato, mediante la ejecución de todas las acciones destinadas a poner término a la relación financiera con el anterior proveedor, tras lo cual este último deberá comunicar al cliente del término o cierre efectivo de los productos y servicios, de conformidad con las normas aplicables a cada producto financiero.

 

III. Portabilidad financiera con subrogación

La Ley también regula el proceso por el cual el cliente contrata un nuevo crédito con un nuevo proveedor, con el fin de pagar un crédito que el primero mantiene con un proveedor anterior, configurándose, por el solo ministerio de la ley y aún contra la voluntad del proveedor inicial, una subrogación especial de crédito.

Para ello, deben cumplirse los siguientes requisitos copulativos:

  1. Celebración de un contrato de crédito entre el cliente y el nuevo proveedor, en virtud de una oferta de portabilidad.
  2. Que dicho contrato señale expresamente que su objeto es el pago y la subrogación de un crédito inicial, debidamente especificado.
  3. Que el nuevo proveedor pague, en nombre y representación del cliente, el costo total de prepago del crédito inicial, con los fondos obtenidos del nuevo contrato de crédito.

De tal manera, el crédito inicial es subrogado por el nuevo, que pasa a sustituirlo jurídicamente, beneficiando al nuevo proveedor con las garantías existentes, que se entienden modificadas de pleno derecho. Lo anterior, sin perjuicio de deberse dejar constancia de la subrogación en los registros públicos respectivos, en su caso, para efectos de publicidad y oponibilidad frente a terceros.

 

La Ley establece una serie de prerrogativas en favor del cliente:

  1. Notarios: no podrán cobrar recargo sobre el monto del contrato del nuevo crédito, salvo que el capital sea superior al del crédito inicial, en cuyo caso solo procederá el recargo sobre la diferencia entre ambos capitales.
  2. Conservadores de Bienes Raíces: se aplica la misma regla señalada precedentemente, en relación con el valor de las inscripciones que hubiere que practicar.
  3. Intereses: el nuevo crédito no devengará intereses por el plazo transcurrido entre la celebración del contrato anterior y el pago del respectivo crédito inicial realizado por el nuevo proveedor, en nombre y en representación del cliente.

 

IV. Tratamiento de datos personales

Destaca la regulación respecto del tratamiento de datos personales del cliente que ejerce la portabilidad, regulado en el artículo 25, que a su vez se remite a la ley Nº 19.628 de protección de la vida privada. Esta disposición agrega la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la reserva en el tratamiento de datos, restringiendo su uso a los fines para los cuales fue autorizado por su titular, es decir, la portabilidad.

Por otro lado, es curioso que el artículo indique que la presentación de una solicitud de portabilidad lleva implícito el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, configurándose un consentimiento tácito, lo cual contravendría lo dispuesto por la referida ley 19.628 y el proyecto de ley que la modifica, por cuanto estos requieren un consentimiento expreso para el tratamiento de datos personales.

 

V. Reglamento 

Dentro de los 45 días siguientes a la fecha de publicación de la Ley, los ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo deberán dictar el correspondiente reglamento, que fijará todos los aspectos necesarios para la correcta aplicación de esta Ley, incluyendo los requisitos y plazos de las notificaciones, comunicaciones o aceptaciones.

Asimismo, el reglamento precisará la aplicación de la portabilidad de los distintos tipos de productos financieros, en caso de que sus particularidades así lo justifiquen.

 

VI. Notas finales 

Dentro de las expectativas que se han mencionado en relación con su entrada en vigencia – establecida transcurridos 90 días desde su publicación – se incluyen:

  1. Facilitar el refinanciamiento de todo tipo de crédito.
  2. Disminuir el costo, número y duración de los trámites asociados a la portabilidad.
  3. Promover la inclusión financiera al transparentar el proceso, logrando empoderar a las personas en el proceso de toma de decisiones.
  4. Aumentar la tasa de acceso a refinanciamiento.
  5. Promover la competencia del sistema financiero, con una consecuente disminución, en algunos casos, de las tasas de interés.

Lo anterior no obsta a que las condiciones ofrecidas por los nuevos proveedores siempre dependerán de la situación crediticia de los clientes, con la correspondiente evaluación de riesgo y eventual solicitud de nuevos antecedentes, todo lo cual, sumado al establecimiento de plazos muy ajustados para las instituciones financieras, podría tener un impacto en los referidos objetivos.

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