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Covid-19 en Chile: se establece régimen jurídico de excepción para procesos judiciales

covid-19
2 abril, 2020

La nueva ley contiene 10 artículos los cuales regulan, entre otros aspectos, la suspensión de audiencias, actuaciones judiciales, entorpecimientos, suspensión de términos probatorios, interrupción de prescripción de acciones, y suspensión de audiencias y de vistas de causas ante tribunales superiores de justicia.

Los plazos de asuntos no contenciosos, como tramitación de marcas o patentes, también han sido ampliados en tanto Inapi no reanude su atención presencial, incluyendo las presentaciones de documentación física como poderes o certificados de prioridad, que por lo pronto deben acompañarse en forma electrónica, luego de lo cual Inapi abrirá términos legales para presentar los originales, una vez superada la emergencia sanitaria. 

Con fecha 2 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.226 que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile.

Esta normativa es fruto de una serie de inquietudes de diversos actores del sistema jurídico chileno, en relación con los efectos del estado constitucional de excepción por catástrofe y las consecuencias de la emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19 en la tramitación de los procesos judiciales ante los diferentes tribunales del país, incluyendo ordinarios, especiales y arbitrales.

Según el Mensaje del presidente de la República, uno de los fundamentos de esta ley es precisamente dar continuidad al servicio de justicia, sobre todo en materias prioritarias, tales como la dictación de medidas cautelares en materia de derecho de familia y protección de menores, materia penal, entre otros. Igualmente, se busca establecer un régimen jurídico de excepción para los procesos ante tribunales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y también en lo relacionado con plazos y ejercicios de acciones, debido a las restricciones derivadas del estado de excepción constitucional decretado por el gobierno o por los efectos de la pandemia Covid-19.

En lo medular, esta nueva ley contiene 10 artículos los cuales regulan, entre otros aspectos, la suspensión de audiencias, las actuaciones judiciales, entorpecimientos, suspensión de términos probatorios, interrupción de prescripción de acciones, y suspensión de audiencias y de vistas de causas ante tribunales superiores de justicia.

Suspensión de audiencias y vistas de causas

En aquellos casos en que sea un hecho público y notorio que a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del estado de excepción constitucional o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad Covid-19, las audiencias no podrán realizarse por faltar a la bilateralidad, la contradictoriedad, la apreciación de la prueba, el impulso de partes, la publicidad y otras garantías básicas del debido proceso consagrados en la Constitución, la Corte Suprema deberá ordenar la suspensiones de tales audiencias o de vistas de causas que estime pertinente por el tiempo que estime necesario, pero que no exceda la vigencia del estado de excepción constitucional referido. Asimismo, los tribunales correspondientes deberán reagendar cada una de las audiencias o vistas de la causa suspendidas para la fecha más próxima posible, posterior al cese de la suspensión ordenada por la Corte Suprema.

Como excepción a la regla anterior, en materias tramitadas ante Juzgados de Letras, de Familia y Laborales, no se podrá ordenar la suspensión de aquellas audiencias que requieran la intervención urgente del tribunal, por ejemplo, cautelares de violencia intrafamiliar o vulneración de derecho de menores. En lo que respecta a Juzgados de Garantías y Tribunales Orales en lo Penal, se deberán realizar las audiencias de control de detención, de revisión de prisión preventiva y en general, todas aquellas que requieran intervención urgente del tribunal.

En el caso de los tribunales superiores de justicia, y en las circunstancias  anteriormente señaladas, se deberá ordenar la suspensión de audiencias o de vistas de causas. Asimismo, se le otorga el derecho a las partes para solicitar suspensiones, alegando cualquier impedimento generado por la emergencia sanitaria de Covid-19 o por las restricciones relacionadas con la excepción constitucional del estado de catástrofe, mientras este mantenga su vigencia, derecho que no será aplicable en la tramitación de recursos de protección, amparo y en general, en las causas que requieran intervención urgente del tribunal.

Los tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial y tribunales arbitrales, también podrán ordenar la suspensión de audiencias en los mismos términos antes expuestos.

En aquellos casos en que no sea procedente la suspensión de las audiencias o vistas de causas, estas se podrán llevar a cabo de forma remota, caso en el cual el tribunal deberá tomar todas las medias necesarias para asegurar las condiciones para el cumplimiento de las garantías tanto legales como constitucionales del proceso.

Sobre las actuaciones judiciales

Mientras dure el estado de excepción constitucional, los tribunales ordinarios y especiales no podrán decretar diligencias ni actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de las partes, en lo mismos casos expresados en el punto anterior. Debiendo cada tribunal postergar la realización de dicha actuación judicial para la fecha más próxima posible luego del cese del referido estado de excepción.

Se entiende por indefensión cuando no se cumpla con las normas del debido proceso es decir, según el artículo 1 de esta ley, aquella falta a la bilateralidad, la contradictoriedad, la apreciación de la prueba, el impulso de partes, la publicidad y otras garantías básicas del debido proceso.

La excepción a lo señalado, corresponde a aquellas diligencias y actuaciones judiciales que requieran ser realizadas con urgencia o sin dilación, debiendo el tribunal pertinente adoptar las medidas del caso para la debida administración de justicia.

Entorpecimientos

Podrán alegar entorpecimiento aquellas partes o intervinientes que hayan estado impedidos de cumplir con plazos establecidos para diligencias, actuaciones o ejercicios de acciones o derechos ante ellos, como consecuencia de las restricciones provocadas por la declaración de estado de catástrofe o por los efectos de la emergencia sanitaria ocasionados por la pandemia Covid-19.

Es derecho se podrá ejercer en aquellas causas tramitadas ante tribunales ordinarios, especiales, que no forman parte del Poder Judicial y arbitrales dentro de los 10 días siguientes al cese del impedimento.

En aquellas causas tramitadas ante Juzgado de Garantías y Tribunales Orales en lo Penal podrá alegar entorpecimiento en los términos del artículo 17 del Código Procesal Penal, esto es el impedimento generado por calamidad pública o por emergencia sanitaria, con excepción de aquellas diligencias que deban ser realizadas con urgencia y sin dilación.

Suspensión de términos probatorios y plazos de actuaciones judiciales

Los términos probatorios a la entrada en vigencia de la ley que hayan empezado a correr o que se inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, se suspenderán hasta luego de 10 días hábiles posteriores al cese de dicho estado de excepción.

En materia penal, no se suspenderán los términos probatorios, salvo las excepciones expresas que dispone esta ley. En cuanto a los plazos de actuaciones o diligencias judiciales que, a la entrada en vigencia de esta ley se encontrasen pendientes, se entenderán prorrogados desde dicha fecha hasta los 10 días hábiles siguientes del término del estado de excepción constitucional por catástrofe.

Interrupción de la prescripción de acciones

Durante la vigencia del estado de excepción constitucional por catástrofe, se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda, bajo la condición de que no sea declarada inadmisible y que sea notificada dentro de los 50 días hábiles siguientes al cese del estado de excepción antes referido o dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que la demanda fuera proveída, lo que suceda último.

En materia de justicia laboral y policía local, solo se entenderá prorrogado el plazo de prescripción y caducidad respectivo, hasta los 50 días hábiles siguientes a la fecha de cese de estado de excepción constitucional.

En materia penal no se aplican las reglas antes señaladas.

Los plazos de asuntos no contenciosos, como tramitación de marcas o patentes, también han sido ampliados en tanto Inapi no reanude su atención presencial, incluyendo las presentaciones de documentación física como poderes o certificados de prioridad, que por lo pronto deben acompañarse en forma electrónica, luego de lo cual Inapi abrirá términos legales para presentar los originales, una vez superada la emergencia sanitaria. 

Raúl Montero, socio

Patricio Rámila, asociado

Manuel Sotelo, asociado

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