Incentivos tributarios a la inversión privada en investigación y desarrollo ya entraron en vigencia en septiembre

El 7 de septiembre entró en vigencia la Ley N° 20.570, que introduce cambios sustantivos a la Ley N° 20.241 que establece un incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo.

La Ley 20.241, vigente desde 2008, permite a los contribuyentes que declaren impuesto de primera categoría sobre la base de renta efectiva determinada mediante contabilidad completa, que suscriban contratos de investigación y desarrollo con centros de investigación registrados por la Corfo, acceder a un crédito contra impuesto a la renta de primera categoría equivalente al 35% de los desembolsos incurridos con ocasión de los mencionados contratos, pudiendo deducir el restante 65% como un gasto aceptado en la determinación de su Renta Líquida Imponible, aún cuando el objeto de los contratos no se relacione directamente con el giro o negocio del contribuyente.

En lo estrictamente tributario, el proyecto aprobado contempla las siguientes modificaciones:

  1. Se mantiene la relación 35%-65% entre crédito contra el impuesto de primera categoría y monto deducible como gasto aceptado.
  2. Se establece un plazo máximo de 10 años consecutivos para deducir como gasto los desembolsos incurridos con ocasión de contratos de inversión y desarrollo, equiparándolo en su tratamiento tributario y reajustabilidad a los gastos de organización o puesta en marcha.
  3. Se establece un máximo de 15.000 unidades tributarias mensuales ($591.180.000, al mes de marzo de 2012) como monto anual factible de ser utilizado como crédito contra el impuesto de primera categoría bajo las disposiciones de la ley (anteriormente el monto anual máximo no podía exceder de 5.000 unidades tributarias mensuales ni del 15 % de los ingresos brutos del contribuyente).
  4. Se permite que los contribuyentes accedan a las mismas franquicias tributarias precedentemente descritas, respecto de proyectos de investigación propios, ejecutados total o parcialmente por ellos, que hubieren sido aprobados por la Corfo. Con esta modificación, la ley deja de financiar exclusivamente proyectos "extramuros" o de ejecución delegada, realizados por centros de investigación, ampliando su ámbito de aplicación a lo que se denomina investigación y desarrollo "intramuros" o de ejecución propia.

En otras modificaciones más sustantivas, la Ley N° 20.570:

  1. Establece un sistema de certificación de los contratos con centros de investigación y desarrollo y de los proyectos de investigación propio de los contribuyentes, por parte de la Corfo, de manera de supeditar la procedencia de las franquicias tributarias al otorgamiento de la certificación respectiva.
  2. Otorga a la Corfo mayores atribuciones para la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de la ley.
  3. Amplía la vigencia de la Ley hasta el 31 de diciembre del año 2025 (la ley original regía solamente hasta el 31 de diciembre de 2017.
  4. Por último, el artículo primero de la ley es modificado agregando los siguientes incisos tercero y cuatro, que se transcriben:

    "Tratándose de actividades asociadas a la constitución de derechos de propiedad industrial, consistentes en patentes de invención, modelos de utilidad, y diseños y dibujos industriales, todo ello al amparo de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial; de derechos de autor sobre programas computacionales, al amparo de la ley N° 17.336, de Propiedad Intelectual; y de derechos de protección sobre nuevas variedades vegetales, al amparo de la ley N° 19.342, que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, las actividades necesarias para la constitución de los derechos respectivos, incluyendo los servicios profesionales involucrados en el proceso de obtención de los derechos y registros, informes periciales, defensas ante eventuales oposiciones y costos de publicaciones asociadas, podrán ser objeto del beneficio tributario establecido en esta ley, en la medida que éstas se deriven de los resultados obtenidos de proyectos y contratos de Investigación y Desarrollo debidamente certificados por la "CORFO", al amparo de la presente ley.

    Las actividades descritas en el inciso precedente podrán ser incorporadas ya sea en la solicitud original de certificación del correspondiente contrato o proyecto, o bien con posterioridad, rigiéndose en este último caso por el mismo procedimiento para la certificación de contratos y proyectos de investigación y desarrollo, en cuanto sea aplicable."

Tax incentives for private investment in Research and Development (R&D) became effective in September 2012

Law No. 20,570 became effective on September 7, 2012 and introduced substantial changes to Law No. 20,241 providing tax incentives to private R&D investments.

Law 20,241, in effect since 2008, allows taxpayers subject to corporate income taxes calculated on the basis of actual income resulting from the application of full accounting procedures, who also subscribe R&D contracts with research centers registered with CORFO, to qualify for a credit against their corporate income tax equal to 35% of the disbursements incurred with relation to these contracts. This law also allows these taxpayers to deduct the remaining 65% as an accepted expense in the calculation of their Net Taxable Income, even though the purpose of these contracts is not directly related to the taxpayer's line of business.

In its strictly tax related provisions, the recently approved bill includes the following amendments:

  1. The 35% 65% distribution between corporate income tax credit and accepted expense remains in place.
  2. The new law stipulates a maximum term of ten years to deduct as expenses the disbursements incurred in R&D contracts, with the same tax treatment and adjustability given to organization and startup expenses.
  3. A maximum of 15,000 Monthly Tax Units ([Ch]$591,180,000 on March 2012) is set as the annual amount that may be used as Corporate Income Tax Credit (under the previous law, the maximum amount could not exceed 5,000 Monthly Tax Units or 15% of the taxpayer's gross revenues).
  4. Taxpayers are allowed to qualify for these tax incentives in respect of their own R&D projects, totally or partially conducted by them, which have been approved by CORFO. With this amendment, the law will not only finance "foreign" or delegated execution projects because it extends its application to "domestic" or in house R&D projects.

Among the even more significant amendments stipulated by Law No. 20,570 we find:

  1. Creation of a system to obtain CORFO certification of contracts subscribed with R&D centers and taxpayers' own R&D projects, so that this certification will be a requisite to qualify for R&D tax incentives.
  2. CORFO is granted more powers to supervise taxpayers' compliance with the provisions in this law.
  3. The Law term is extended until December 31, 2025 (the original law expired on December 31, 2017).
  4. Finally, the first article in the original law is amended with the addition of the following third and fourth subparagraphs:

    "With relation to activities associated with the establishment of industrial property rights, consisting of patents for inventions, utility models, and industrial designs and drawings under Law No. 19,039 on Industrial Property; the establishment of computer programs copyright pursuant to Law No. 17,336 on Intellectual Property; and the establishment of protection rights on new plant varieties under Law No. 19.342 regulating the Rights of New Plant Varieties' Breeders, the activities needed for the establishment of these rights, including the professional services involved in the process followed to obtain rights and registrations, court examiners' reports, defenses against possible oppositions and the costs of related publications, may qualify for the tax benefit set forth in this law, to the extent that they derive from the results obtained in R&D projects and contracts properly certified by CORFO, in accordance with this law.

    The activities described in the preceding subparagraph may be incorporated both in the original application for the corresponding contract or project, or later, and, in the latter case, [the application] will be subject to the same procedure applicable to the certification of R&D contracts and projects, whenever pertinent."

Cristóbal Riffo
Alessandri & Compañía Abogados
Septiembre / September 2012