Modificaciones a la Ley de Defensa de la Libre Competencia - Chile adopta la delación compensada.
Felipe Cousiño Prieto, socio Alessandri & Compañía - Abogados
Con fecha 7 de julio de 2009 se promulgó la Ley 20.361, que introduce cambios sustanciales al Decreto Ley 211 de la Ley para la Defensa de la Libre Competencia (en adelante, la "Ley").
Esta ley comenzó su tramitación hace tres años y en su mensaje señala la necesidad de modificar el régimen de responsabilidad por atentados a libre competencia, elevar las sanciones en contra de los actos colusorios, introducir cambios en las facultades de fiscalización e investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), introducir el sistema de la delación compensada, y finalmente la necesidad de aumentar la independencia de la Fiscalía y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Desde la implementación de la Ley, el TDLC ha conocido de casos emblemáticos en materias de colusión, tales como el caso en contra de las compañías productoras de oxígeno y de las Isapres, donde quedó de manifiesto la dificultad que surge al momento de acreditar el dolo propio de los ilícitos infraccionales. Con esto en mente, el proyecto de ley originalmente introducía un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones a la Ley. Dicha modificación fue fuertemente criticada por el Colegio de Abogados y por miembros de la Cámara de Diputados, siendo rápidamente desechada por esta última.
Reconociendo dificultades que surgen en la detección, investigación y prueba de carteles, y el daño que ello conlleva a la libre competencia y finalmente a los consumidores, como ha quedado de manifiesto en la investigación de colusión de las farmacias, ,junto con aumentar las multas por colusión de 20,000 UTA (aprox. USD 16 millones) a 30,000 UTA (aprox. US$ 24 millones), se introduce la herramienta de la delación compensada, que ha probado ser exitosa en el derecho comparado. Dicha herramienta otorga beneficios a los delatores que voluntariamente entreguen información a la FNE, tendiente a acreditar la conducta colusiva y la determinación de los culpables.
La introducción de la delación compensada es quizás el aporte más significativo realizado a la Ley y si bien su introducción significa un avance legislativo importante para Chile en materia de libre competencia, no garantiza su aplicación efectiva. Tal como se señaló en su minuto por el Comité de Libre Competencia de la International Bar Association (IBA), la regulación de la delación compensada debe ser "transparente y predecible", debiendo implementarse de manera de entregarle a quien busca la obtención de los beneficios que ella conlleva, una cierta seguridad respecto de cómo se aplicará.
Las observaciones presentadas por la IBA al proyecto de ley, en materia de delación compensada, destacaban la necesidad de crear una instancia inicial, donde la información requerida fuese baja, para facilitar la presentación de requerimientos tempranos, como también la necesidad de introducir regulación específica en materia de confidencialidad. No obstante que estos elementos no fueron incorporados a la ley, si están contemplados en el borrador de guía que la FNE ha preparado y hecho circular para comentarios.
Ahora bien, para que la delación compensada sea atractiva, debe existir un riesgo cierto de detección.
En este sentido, la Ley se ha modificado para otorgar mayores facultades de fiscalización a la FNE. La FNE podrá, previa aprobación del TDLC y autorización a un Ministro de Corte de Apelaciones, solicitarle a Carabineros o a Policía de Investigaciones: (i) entrar a recintos públicos o privados y, si fuere necesario, a allanar y descerrajar; (ii) registrar e incautar toda clase de objetos y documentos que permitan acreditar la existencia de la infracción; (iii) autorizar la interceptación de toda clase de comunicaciones, y (iv) ordenar a cualquier empresa que preste servicios de comunicaciones, que facilite copias y registros de las comunicaciones transmitidas o recibidas por ella. Estas facultades se consideraron excesivamente amplias por el Colegio de Abogados, que destaca que se apartan de la tendencia existente en Latinoamérica. En efecto, el informe presentado por el Colegio de Abogados, propone la eliminación de la facultad de interceptar comunicaciones, por infringir el derecho constitucional de inviolabilidad del hogar.
Por último, y tal como se mencionó anteriormente, se ha modificado la Ley con el fin de otorgar mayor independencia al TDLC y a la Fiscalía. Se han aumentado los sueldos, las incompatibilidades y las inhabilidades. Se ha modificado el método de nombramiento del Fiscal Nacional Económico, sometiendo a este último al proceso de selección de altos directivos públicos. Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones introducidas en esta materia son insuficientes, puesto que la opinión general es que las remuneraciones aún son insuficientes para exigirles a los miembros del tribunal dedicación absoluta a su cargo. Mientras que la reducción del número de ministros suplentes del tribunal, aparece incompatible con el aumento de inhabilidades para conocer materias, lo que podrá entorpecer el actuar del TDLC.
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Amendments to Competition Law- Chile adopts leniency.
Felipe Cousiño Prieto, partner Alessandri & Compañía Attorneys at Law
Law 20.361 was enacted on July 7th, 2009, introducing substantial changes to Decree Law 211, of the Competition Law (hereinafter, the "Law").
This law began its enactment procedure three years ago, and highlighting in its foreword the necessity of introducing the following changes to the Law: (i) elimination the need to prove malicious intent in anti-trust offences, (ii) increase of fines against cartel activity (iii) broadening the powers of the National Economic Attorney General (FNE); (iii) introduction of a leniency system; and finally (iv) increase of the independence of the FNE and the Court of Defense of Free Competition (TDLC).
Since the implementation of the Law, the TDLC has ruled over emblematic cases of collusion, such as the case against the oxygen production companies and health insurance companies, where the difficulty of proving malicious intent has been made evident. Having this in mind, the bill, originally established objective responsibility for matters related to infractions of the Law. The aforementioned amendment was highly criticized by the Chilean Bar Association and by members of the House of Representatives, and was quickly discarded by the latter.
Acknowledging difficulties which arise in the detection, investigation and proof of cartels and the damage that it entails to free competition and ultimately to the consumers, as has been made patently clear in the recent collusion investigation of pharmacies, the Law has been modified in order to introduce a leniency system, together with raising the fines for cartel activity from 20,000 UTA (approx. USD 16 million) to 30,000 UTA (approx. US$ 24 million). This leniency program, which has proven to be successful in comparative legislation, grants certain benefits to informants who voluntarily give the FNE information in order to prove collusive behavior and the determination of those responsible.
The introduction of a leniency system is probably the most significant contribution made by the Law and even though it is an important legislative advance for Chile in antitrust matters, it does not guaranty its effective implementation. The Antitrust Committee of the International Bar Association (IBA), pointed out that the regulation of the leniency system must be "transparent and predictable", and it must be implemented in order to give to whoever is looking to apply for leniency, a sufficient degree of certainty as to how it will be applied.
The observations presented by the IBA to the bill, highlight the need to create a "marker system" whereby at an initial stage the information required is low, in order to facilitate the presentation of early applications, as well as the need to introduce specific regulations on matters of confidentiality matters. Notwithstanding that the enacted text does not resolve the aforementioned observations, the FNE has recently published draft guidelines for review which introduce a marker system and bolster the transparency and predictability of the process.
In order for leniency system to become attractive, there must be a certain risk of detection.
On that note, the Law has been amended to grant broader investigative powers to the FNE. The FNE may, with prior approval from the TDLC and authorization from a Court of Appeal justice, request from the police measures such as wire taps, seizure of documents and search warrants. These new powers are of special concern to the Chile Bar Association inasmuch as client-attorney privilege does not seem to be adequately safeguarded.
Finally and as previously mentioned, the Law has been amended in order to grant more independence to the TDLC and FNE. The salaries have been increased; the incompatibilities and inabilities have been broadened. The nomination method for the FNE position has been modified, submitting his appointment to a selection process for high ranking public officers. Notwithstanding, these amendments introduced are insufficient, for the general opinion on the matter is that the salaries are still too low for the purpose of ensuring from the justices of the TDLC a full dedication to their appointment. The reduction in the number of alternate justices may slow down the current acceptable pace of the TDLC.
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