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Prensa

Marco Civil: el proyecto brasileño que busca regular Internet. Entrevista a Rodrigo Velasco Alessandri en Pulso

Pulso , rva
19 noviembre, 2012

Fuente: Pulso

La norma busca proteger el derecho de propiedad sin una orden judicial, lo que muchos dicen que atenta contra la libertad de expresión. Además, aspira a la neutralidad en la red.

Internet siempre ha sido un espacio controversial. Donde todo se puede publicar sin control. Por eso los países están tomando cada vez más medidas para controlar esta plataforma y para garantizarle a los usuarios derechos y exigirles obligaciones. Brasil es uno de estos, que está en vías de aprobar el Marco Civil de Internet, una especie de “carta de derechos” que busca principalmente la neutralidad en la red y proteger el derecho de autor.

Después de haber aplazado la votación por cuarta vez esta semana, debido a la falta de consenso, el Marco Civil se ha convertido en materia urgente dentro de la Cámara de Diputados.

Como cualquier proyecto de ley, está rodeada de controversias. No es para menos, ya que muchos opinan que sería algo pionero en política digital y pondría a Brasil como líder en el tema. Claro que hay otros que opinan que está atentando contra los usuarios y la libertad de expresión.

La principal controversia nace del artículo 15, que dice que se permitiría que los contenidos que infrinjan los derechos de autor no necesiten de una decisión judicial para ser retirados de la red. Es decir, sólo se necesita que alguien denuncie un contenido argumentando que está atentando contra el derecho de autor para que obligatoriamente sea retirado.

Esto, para muchos, va contra la libertad de expresión. “La decisión en cuanto a un contenido legal o ilegal estaría en decisión de un privado, no de un tribunal. Y, ¿cómo sé yo que el privado está tomando la decisiones correctamente? No confío en eso”, dice el abogado Claudio Magliona de García Magliona Abogados, y profesor de la Universidad de Chile.

Agrega que esto podría incluso afectar la sana competencia, ya que podría ser usado por personas con objetivo de afectar a su competencia.

Según una carta abierta publicada por la Asociación Brasileña de Internet (Abranet), la modificación propuesta “es absolutamente inconstitucional y atenta contra la libertad digital” y podría llevar a casos de censura.

En Chile, la ley dicta que se necesita una legislación judicial para bloquear contenido. Y, según Magliona, esta va a seguir siendo la norma que rija en la mayoría de los países de Latinoamérica. “No sienta un precedente”, afirma en relación a ese aspecto del proyecto de ley brasileño.

El abogado de la Universidad de Chile Rodrigo Velasco, profesor de propiedad intelectual y nuevas tecnologías, no está a favor de una judicialización total, como es el caso hoy de Chile, porque dice que casi no se recurre a un juzgado civil en el caso de un atentado contra el derecho de propiedad en Internet. Para él, una norma como la brasileña podría ser positiva, si se maneja de manera correcta.

Sin embargo, dice que “tienen que existir garantías como la posibilidad de una contra notificación y que también sean delito las denuncias falsas”.

Es decir, que no se elimine un contenido sólo por el hecho de que una persona alegue que éste va en contra del derecho de propiedad. Velasco indica  que el autor del contenido debe tener el derecho a contestar. Y, para frenar prácticas malintencionadas, que se sancionen a quienes denuncian sin base.

OTRAS ARISTAS DE LA LEY
El Marco Civil sería una ley civil, y no una penal como las que conciernen a la piratería por ejemplo. Establece los derechos y deberes de ciudadanos, proveedores de Internet, empresas y gobierno.

Uno de sus aspectos más positivos, y algo que en Chile ya es ley de manera parecida, es la neutralidad en la red. Este es el principio por el cual todos los datos transmitidos por internet deben ser tratados de la misma manera, sin discriminar sobre su origen, destino o contenido. Busca que todos accedan de forma igualitaria a los contenidos, sin que el  IP determine a qué pueden acceder.

El proyecto se lanzó en octubre de 2009 por la Oficina de Asuntos Legislativos del Minsiterio de Justicia, junto con la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro.

Lo original fue que se hizo de una forma altamente participativa. No sólo trabajaron legisladores sino académicos, grupos civiles y hasta usuarios de Internet que daban su opinión a medida que se avanzaba. Se consultó públicamente y se le pidió a la población opinar y comentar en línea.

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