Prensa

mailspublicos@estado.gob.cl. Columna de Rodrigo Velasco Alessandri en Pulso

Pulso , rva
10 abril, 2012

La decisión del Consejo de Transparencia sobre el supuesto carácter público de la correspondencia de un ministro, marcará un antes y un después en materia de políticas de privacidad de correos electrónicos.

La decisión del Consejo de Transparencia sobre el supuesto carácter público de la correspondencia de un ministro, marcará un antes y un después en materia de políticas de privacidad de correos electrónicos. En el sector privado, los tribunales han resuelto que los mails de un trabajador sí pueden ser considerados personales -quedando vedados, por ende, del escrutinio arbitrario del empleador-, salvo que las políticas mismas de la empresa indiquen lo contrario, sea por medio del contrato de trabajo o el reglamento interno. En el fondo, debe existir un aviso previo para que el usuario sepa que la empresa podría acceder a su correspondencia. Reglas claras. Y hasta ahora, la única excepción estaba dada por una orden judicial: a partir de la recordada incautación de computadores del Ministerio del OOPP, ordenada por la jueza Chevesich, estas diligencias ya son hoy pan de cada día. Pero de ratificarse este nuevo criterio, las consecuencias serían mucho mayores.

Todo ciudadano tendría derecho a conocer los mails de cualquier funcionario público, invirtiendo excepcionalmente el paradigma a los casos en que puedan esgrimirse razones de interés o seguridad del Estado. Pero no sólo eso. Si los mails de una casilla “.gob.cl” son de interés público, su propiedad correspondería al Estado, y serían asequibles no sólo por superiores o sucesores en el cargo, sino por las autoridades de la siguiente administración, ¿incluyendo entonces el deber de no borrarlos ni alterarlos? Imagínese la relevancia de este potencial registro público de mails, tanto para la fiscalización de cualquiera de los poderes del Estado, como para los gobiernos venideros, respecto de la correspondencia anterior de las mismas carteras. Lo evidentemente dudoso es que en este caso las reglas hayan sido claras, y que la incorporación de un ciudadano al Estado lo despoje ipso facto de su derecho a la inviolabilidad de correspondencia, sin aviso alguno. Por lo pronto, todo indica que el intercambio habitual entre funcionarios de gobierno, parlamentarios y jueces, se trasladará de inmediato a GMail u otras casillas electrónicas privadas.

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