Prensa

Instagram, la letra chica y el sentido común

2012 , derecho de autor , propiedad intelectual , Pulso , rva , socios
28 diciembre, 2012

Por Rodrigo Velasco Alessandri.

Publicada originalmente en Pulso, 28 de diciembre de 2012.

Entre tanto mito y polémica fútil, se echa de menos algo más de sentido común en las políticas públicas sobre el mundo digital.

La noticia convulsionó internet: Instagram, la taquillera red social de fotos, había cambiado sus políticas de privacidad, atribuyéndose derechos sobre las imágenes de sus usuarios. Medios que llamaban al pánico, comentaristas que hablaban de traición y hasta grupos organizados para protestar en Facebook. “Me siento violada”, deslizó por ahí una socialité chilensis, con miles de seguidores de sus jugosas publicaciones personales.

Lo cierto es que ya no importa mucho si es un video pornográfico de farándula televisiva o un cable diplomático filtrado por Wikileaks: hablamos de esa suerte de morbo colectivo que en estos días resulta de combinar información extraoficial de último minuto -aunque no sea confiable-, con la exaltación masiva del más obvio y tangible daño que la indiscreción nos puede producir: el ridículo. Las loables cruzadas en defensa de nuestra privacidad, que encabezan -cual tabacaleras- las propias compañías de internet, además de las variopintas organizaciones ciudadanas que viven de la paranoia colectiva, contrastan fuertemente con el poder de destrucción que exhibe la hambrienta y siempre creciente masa cibernauta. El escándalo. Lo último. El trending topic. El trolleo. El placer de retwittear la polémica que arde, aunque sea falsa o injusta. Pues en internet se puede decir y hacer lo que uno quiera, y nadie responde. O a eso parece haberse reducido la libertad de expresión. Claro que si se trata de educar a un niño en el uso responsable de las redes, no cabe duda que haremos hincapié en el cuidado propio, la necesaria privacidad y justamente en la esperable indolencia pública ante cualquier indiscreción, mucho antes que en los términos y condiciones de los sitios o las empresas que venden bases de datos ilegales. De hecho la llamada “nueva piratería” de bases de datos comerciales y personales, incluso ofertadas a través del Spam más descarado, está lejos de revestir la relevancia pública que hoy representan los abusos, la difamación o la suplantación en redes sociales. Pues por estúpida que fuese la idea de Instagram de que lograría -si alguna vez lo consideró- licenciar a terceros las fotos de sus usuarios sin pagar ni pedir permiso, ¿de verdad alguien pensó que se saldría con la suya? ¿Se imaginaron a un resort caribeño promocionando departamentos de tiempo compartido con sus propios hijos en la piscina, a todo color? ¿O a una tienda online publicitando ofertas navideñas personalizadas con nuestras fotos familiares? Absurdo por donde se lo mire. No sólo porque es impensable que las compañías adquieran imágenes privadas, simplemente porque un proveedor les diga que cambió sus términos y condiciones. También porque lo que los abogados llamamos “contrato de adhesión” no debiera permitirlo. Estamos hablando de esos largos pergaminos que terminan con la clásica opción Acepto/No acepto. No importa si se trata de descargas, suscripciones, de contratar un seguro o de abrir una corriente bancaria, ¿se imaginan si cualquiera pudiera cambiar, sin más, sus condiciones esenciales de contratación? Se viene a la memoria aquello de las repactaciones unilaterales… Obviamente no es legal.

Más allá del esmero que las compañías pongan hoy en la claridad, publicidad o estandarización de sus condiciones de servicio, el tema de fondo está en el ente fiscalizador de las mismas. Quien recibe las denuncias y asegura que los consumidores no seamos abusados por la llamada “letra chica” de contratos que, por su naturaleza, están hechos para ser leídos y comprendidos, pero en ningún caso negociados, sino simplemente suscritos o rechazados. El liderazgo que en este sentido ha mantenido la Federal Trade Comission norteamericana, respecto de las políticas de los servicios web de ese país, es un buen ejemplo. Y en Chile los ojos que están puestos en la llamada Ley de Datos Personales, pues será letra muerta si no consagra entidades que puedan hacer cumplir sus disposiciones en forma efectiva.

Pero más allá del eventual fortalecimiento del Sernac -donde en estos días parecen confluir las soluciones a prácticamente todo-, el mayor desbalance de fuerzas está radicado en los propios usuarios, y en la nula capacidad que tiene hoy el ciudadano común para reclamar o detener los abusos de otros usuarios que pueda sufrir. No sólo bullying digital, por decirlo de algún modo. Pues no es necesario participar de las redes sociales para ser afectado por ellas: dependemos del criterio (o mal gusto) del resto, ya sea que estemos en un funeral, en un matrimonio o en una celebración particular. Miles de celulares que, como los ojos infinitos del Gran Hermano, han transformado en públicas prácticamente todas nuestras actividades. Y vaya garantías que, en nombre de la libertad, se han dado en Chile al anonimato e impunidad de los usuarios de internet en general, pero particularmente a los proveedores, respecto de la diligencia mínima exigible para recibir denuncias o evitar la propagación de delitos en sus plataformas. Regulación que en Chile debiese concentrar más esfuerzos, aunque sea menos popular o políticamente correcta que enarbolar la bandera de la libertad contra el Estado, o de la privacidad de nuestros datos personales transados por maléficas empresas. Entre tanto mito y polémica fútil, se echa de menos un poco de sentido común en las políticas públicas para el mundo digital. No olvidemos que tras la apreciada libertad para opinar o postear lo que queramos, están también nuestra propia honra y vida privada, la fe pública y, aunque a algunos les parezca pasada de moda, la justicia.

El autor es abogado Universidad de Chile y profesor de propiedad intelectual y nuevas tecnologías.

En twitter: @velascodechile

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