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Felipe Cousiño en Estragegia Legal: “Aplicar Delación Compensada en Lavado de Activos Exige Cumplir Varios Requisitos”

Estrategia Legal , fcp , Ley de responsabilidad penal de las empresas , socios
4 enero, 2011

4 enero 2010

El jurista y socio de Alessandri & Compañía Abogados, Felipe Cousiño, afirma que las iniciativas que se discuten en el Congreso sobre la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, van en la idea de “ampliar el espectro de delitos” contemplados en la norma.

—¿En cuántos se estiman los  casos de imputación penal de personas jurídicas en 2010, por la aplicación de la Ley 20.393 y en qué áreas ocurren los mayores delitos?
—Por el corto tiempo que esta norma ha estado en vigencia,  aún no se ha llegado a imputar penalmente a personas jurídicas, y se prevé que la mayor parte de las sanciones serán respecto del delito de lavado de activos.


—En esa materia, la SVS propone establecer un sistema de delación compensada para proteger a quienes denuncian. ¿Es conveniente? ¿Qué efectos puede generar?
—El sistema de delación compensada, en virtud del cual puede aminorarse e incluso eximirse de la pena a la persona que participe de la red de lavado de activos, pero que denuncie estos hechos al Ministerio Público, es altamente conveniente. Sin embargo, hay que tener cuidado con el alcance de este sistema, pues para que funcione, debe cumplir con varios requisitos como transparencia, certeza en la forma en que se otorgará el beneficio al denunciante, efectiva fiscalización de las conductas de lavado de activos y sanciones suficientemente severas.
—¿De qué manera se certifica que las empresas dispongan de los modelos de supervisión adecuados para prevenir delitos?
—Las certificaciones podrán ser expedidas por empresas de auditoría externa, sociedades clasificadoras de riesgo u otras entidades registradas ante la SVS, que puedan cumplir esta labor. Con todo, si bien la existencia de un sistema de prevención de delitos exime de responsabilidad penal a la persona jurídica ya que se presume que, al establecerlo, ésta ha cumplido con su deber de dirección y supervisión, dicha presunción es de carácter meramente legal, por lo que podría ser eventualmente desvirtuada por el Ministerio Público en caso de probarse que el sistema no se aplica en la práctica, se aplica defectuosamente o, incluso, que es derechamente simulado.
—¿Qué condiciones debe cumplir el encargado del “sistema de prevención de delitos” en las empresas?
—De conformidad a la ley, la máxima autoridad administrativa de la persona jurídica deberá designar un encargado de prevención de delitos, quien deberá tener autonomía respecto de la administración de la persona jurídica, de sus dueños, de sus socios, de sus accionistas o controladores, pero que podrá ejercer labores de contraloría o auditoría interna.
Esta autonomía respecto de la administración no se exige tratándose de personas jurídicas con ingresos anuales que no excedan las UF 100.000. En empresas de menores ingresos, el dueño, socio o accionista controlador podrá asumir personalmente la labor del encargado de prevención. Este deberá estar dotado de medios y facultades para desempeñar sus funciones, tomando en cuenta el tamaño y capacidad económica de la persona jurídica y tener acceso directo a la administración de ella para informarla de los planes implementados.

Cultura de la Prevención

—¿Qué elementos podrían implementarse para mejorar el modelo de responsabilidad penal empresarial?
—Aumentar el catálogo de hechos tipificados como delitos cometidos por personas jurídicas, pero aún es temprano para hacer un balance. El principal objetivo de esta ley es la prevención, generar una cultura de responsabilidad al interior de la empresa; que sea la empresa que tome la iniciativa de organizarse para prevenir la comisión de estos delitos. Tenemos que ver con el tiempo si efectivamente se logra este gran objetivo.
—¿A qué otros delitos se podría ampliar la aplicación de esta ley?
—Los tipos penales establecidos por el legislador que ahora pueden configurarse también respecto de personas jurídicas son, de momento, acotados. La ley contempla sólo cuatro: lavado de activos, financiamiento de terrorismo, cohecho de funcionario público nacional y cohecho de funcionario público extranjero. Sin embargo, existen ciertas iniciativas en el Congreso que buscan ampliar el espectro de los delitos contemplados por la ley, por ejemplo, delitos informáticos, delitos contra la propiedad intelectual, uso de información privilegiada y otros que atenten contra el funcionamiento transparente del mercado de valores, delitos tributarios, como la presentación de declaraciones falsas ante el Servicio de Impuestos Internos,  así como también delitos contra la salud pública y contra el medio ambiente.

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