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Prensa

Entrevista a Raúl Montero en Estrategia Legal: Convenios entre edificios y empresas de telecomunicaciones afectan elección del consumidor

Estrategia Legal , rml
26 julio, 2011

El abogado del estudio Alessandri & Compañía, Raúl Montero, afirma que el proyecto en discusión sobre Copropiedad Inmobiliaria aborda sólo el derecho del consumidor a elegir la red de telecomunicación, pero no la infraestructura necesaria para ello.

—La Subtel envió un requerimiento a la Fiscalía Nacional Económica para que se revisen los contratos de exclusividad entre empresas de telecomunicaciones y condominios. ¿Por qué surge esta inquietud?

—Actualmente, se encuentra en tramitación un proyecto de ley modificatorio de la Ley N° 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria, que expresamente prohíbe la suscripción de acuerdos de exclusividad, extendidos por la inmobiliaria con una determinada empresa o compañías de servicios básicos, tales como televisión por cable, internet y telefonía (boletín N° 6931-14).

El proyecto de ley en discusión viene a regular una situación que no está prohibida, porque es el propietario del inmueble el que suscribe el contrato, por lo tanto, tiene plenas facultades para convenir lo que estime pertinente. Lo que ocurre es que una vez enajenadas las unidades del edificio, estos acuerdos pasan a ser obligatorios para los copropietarios, tanto porque jurídicamente existía un convenio, pero en particular por las vías de hecho, porque el dimensionamiento de los conductos de dichos edificios impide que coexista más de una red.

—¿Cómo afecta al consumidor este tipo de prácticas?

—Los copropietarios del inmueble se ven impedidos de optar por el prestador que mejor se adapte a sus necesidades o preferencias. Es precisamente por esta eventual afectación de la libertad de elección del consumidor, que el Sernac remitió a mediados del año 2010 los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, y lo mismo hizo Subtel hace dos semanas, a fin de que se investiguen eventuales atentados a la libre competencia.

—Con la reforma en debate, ¿se resuelve el problema?

—Si bien el proyecto de ley soluciona lo relativo a derechos del consumidor, al suscribir la prohibición de acuerdo, no hay un control efectivo desde los ductos, lo que nos hace quedar en la misma situación. Si se mira la Ley de Telecomunicaciones, se establece la obligación de que en los condominios exista la infraestructura que permita la múltiple opción, pero la verdad es que eso no se supervigila, porque es una normativa propia de la empresa de voz, o sea, la prestadora de servicio de telefonía básica. Al mismo tiempo, es una obligación que no pesa sobre las inmobiliarias, entonces se da el problema de quién vigila. Como es una normativa que está en la Ley de Telecomunicaciones, le corresponde a la Subtel, pero no está directamente sometido al ámbito de competencia de quién controla, que es la Dirección de Obras de cada municipio.

 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

 

—¿Qué soluciones hay en esta materia?

—Una solución definitiva podría vislumbrarse con la regulación de la construcción de infraestructura común o poliductos, que permitan la existencia de redes de acceso a los condominios, ejecutadas por entes especializados, y que se utiliza en términos igualitarios por diversos prestadores. En España, por ejemplo, la figura de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) para el acceso a estos servicios en el interior de los edificios, fue contemplada en la legislación en 1998, con el objeto específico de garantizar el derecho a acceder a diferentes ofertas de servicios de telecomunicaciones por parte de los usuarios. Además, evita que se duplique la infraestructura de telecomunicaciones, lo que finalmente es costoso para todo el mundo.

—¿Es posible adaptar esta medida a la realidad chilena?

—Es perfectamente posible, y permite que las inmobiliarias contraten con terceros que son especialistas en poliductos, y que pueden ser o no las mismas concesionarias, que cobran un determinado monto por el uso de esa infraestructura a los prestadores interesados. Así, cada actor del negocio cumple sus propios roles: la Subsecretaría de Telecomunicaciones, asegurando la debida prestación del servicio; la Dirección de Obras Municipales, cumpliendo con la normativa de la Ley de Urbanismo y Construcción, y las empresas prestadoras de la infraestructura, cobrando adecuadamente el uso. Finalmente, los consumidores terminan beneficiados, porque tienen competencia efectiva y porque sirve para otras tecnologías, como la domótica.

 

 

 

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