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Creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología abre debate sobre inversión I+D

ciencia y tecnologia
4 julio, 2018

En tiempos en los que el país se propone impulsar un tan necesario desarrollo, basado en la diversificación de nuestra economía, normas como la del artículo 9 de esta ley parecieran un contrasentido al discurso pro-inversión en I+D

La inminente creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha encendido el debate entre todos quienes participan del ecosistema de emprendimiento basado en la I+D.

Más que cuestionamientos a su existencia y puesta en marcha, el centro de las críticas reside en la sorpresiva incorporación de una norma, el artículo 9 de la Ley que crea el Ministerio, y que impondría regulaciones adicionales a las hoy contempladas en la Ley No. 19.039 sobre propiedad industrial.

Este artículo establecería que los derechos de propiedad industrial, resultantes de un proyecto de I+D, de una institución o persona que ha sido beneficiaria de recursos públicos; deberán ser objeto de una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa a favor del Estado, y cuyo precio se prevé sea fijado, en principio, de común acuerdo con el titular de los derechos, y a falta de este, mediante un arbitraje que determine el precio final. El pago, a su vez, se realizaría mediante un procedimiento que aún deberá sistematizarse con la dictación de un reglamento.

Pero lo que pareciera despertar las críticas más duras en esta interesante discusión es, junto con la obligación de restituir el cien por ciento de los fondos asignados por el Estado a la institución o persona beneficiaria de los fondos públicos; la de reintegrar también una suma adicional equivalente al cinco por ciento de los ingresos obtenidos por la explotación de los derechos de propiedad industrial, nuevamente, dentro de un plazo y condiciones a ser determinados por dicho reglamento.

Los interesados ya comienzan a cuestionarse la constitucionalidad del referido artículo, así como las profundas implicancias que su tenor encarna para el particular ecosistema de innovación chileno, el futuro del emprendimiento y de la transferencia tecnológica en un país en donde el Estado invierte menos del uno por ciento de su PIB en I+D, pero en donde la inversión del sector privado en dicho rubro va en aumento desde el año 2015, pero sigue siendo una de las más bajas de los países de la OCDE.

En tiempos en los que justamente el país se propone impulsar un tan necesario desarrollo, basado en la diversificación de nuestra economía, que lleve a un crecimiento sostenido, eficiente, sustentable y evolutivo; normas como la del artículo 9 de esta ley, parecieran de plano un contrasentido al discurso pro-inversión en I+D de este y pasados gobiernos, que en nada seducen a investigadores y emprendedores universitarios, individuales y empresas emergentes asociadas, que se esfuerzan por hacer una diferencia en la oferta de productos y procesos de alta tecnología, tanto en Chile como en el extranjero. Por el contrario, medidas como estas muy probablemente terminarían frenando la ya disminuida productividad nacional, condenando al país a una fácil y perniciosa dependencia de modelos tradicionales de explotación económica, principalmente basados en el agotamiento de los recursos naturales y en la fabricación de productos con muy poco valor tecnológico agregado.

Francesca Rodríguez

Asociada Senior Alessandri

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