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Chile adopta largamente esperada reforma al contrato de seguros

3 septiembre, 2013

por Felipe Cousiño

Socio ALESSANDRI

Artículo publicado originalmente en LatinLawyer: The_long_wait_is_over

La larga espera por la reforma a la legislación Chilena del contrato de seguros finalmente ha visto la luz. El 9 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.667 que regula el Contrato de Seguro. La nueva ley entrará en vigencia el 1 de Diciembre de 2013.

La regulación del contrato de seguro había sido creada en 1865, por lo cual, era necesario actualizar y modernizar las normas. La intensión de la nueva regulación es lograr una armonía entre la legislación del contrato de seguro y la realidad económica actual, conforme a la evolución nacional e internacional del seguro. Sin embargo, algunos críticos consideran que en la nueva ley hay un enfoque excesivo de los contratos de seguro como productos de consumo, lo cual resulta evidente en la disposición de la ley en que se establece el derecho de retracto, otorgando al asegurado que contrata un seguro por un medio a distancia, el derecho a terminar el contrato en un plazo de diez días sin expresión de causa y sin cargo alguno para el asegurado, teniendo el derecho a devolución de la prima pagada, lo cual es muy similar a una norma establecida en la ley de protección al consumidor, respecto de las compras efectuadas a distancia.

En los primeros artículos de la ley, es evidente que la ley trató de reflejar la realidad actual del mercado de seguros, incorporando conceptos habitualmente utilizados por las compañías de seguros en las pólizas de uso general, con el fin de otorgar claridad a estos conceptos, a través de un lenguaje sencillo. En consecuencia, se logra unificar conceptos básicos arraigados en la práctica del mercado, que desde ahora forman parte de la ley que regula el contrato de seguro, facilitando la interpretación de los contratos y pólizas.

Las principales innovaciones que establece la ley son las siguientes:

– El contrato de seguro puede ser probado por cualquier medio, como mensajes de correo electrónico y cualquier sistema de transmisión y registro digital o electrónico de la palabra escrita o verbal. Esta característica es consecuencia de que el contrato de seguro dejó de ser formal y pasó a ser un contrato consensual, facilitando su otorgamiento, modificación que tiene su fuente en las prácticas realizadas en el mercado de seguros.

 

– Reticencias. El deber de revelación del asegurado ha sido cambiado en contra de las compañías de seguro. De esta manera, el asegurado no tendrá el deber de revelar circunstancias relevantes para determinar los riesgos, a menos que sea solicitado específicamente por la compañía de seguros.

– Agravación de los riesgos. Se introducen regulaciones detalladas sobre la revelación de eventos que agravan los riesgos del asegurado. Esta regulación intenta ponerse en la mayor cantidad de escenarios posibles, reflejando las cláusulas habitualmente establecidas en los contratos de seguros del mercado y en las pólizas, especialmente en los últimos años. Sin embargo, respecto de los seguros personales, incluyendo los seguros personales aplicables a actividades peligrosas, son inexplicablemente excluidos de esta regulación, por lo cual serán las mismas compañías de seguros las llamadas a seguir incluyendo cláusulas que regulen la agravación de los riesgos en este tipo de seguros, tal como sucedía hasta antes de la promulgación de la nueva ley que regula el contrato de seguro, situación que debería ser analizada más adelante, en el ámbito de una posible reforma a esta ley.

– Reconocimiento de la contratación colectiva de seguros, con regulación específica de la forma y emisión de certificados de seguro.

– Se regula el “derecho de retracto”, estableciendo el derecho para el asegurado de retractarse del contrato de seguro celebrado a distancia. Este derecho puede ser ejercido dentro de 10 días contados desde la recepción de la póliza, sin expresión de causa y sin cargo alguno para el asegurado, teniendo el derecho a devolución de la prima pagada. Como señalábamos al comienzo de este documento, esta norma tiene mucha semejanza a un artículo de la ley de protección a los derechos del consumidor, dando al seguro la categoría de producto de consumo, cuando sabemos que la naturaleza misma del seguro no tiene tal simpleza.

– El asegurado tiene más libertad que el asegurador para poner término anticipado al contrato.

– Las disposiciones de esta ley que rigen al contrato de seguro son imperativas, es decir, tienen carácter de orden público, excepto en relación a los seguros de daños en que tanto asegurado como beneficiario sean personas jurídicas y el monto de la prima anual sea superior a 200 Unidades de Fomento. (Aproximadamente US$9.500).

– Los conflictos entre asegurado y asegurador, podrán ser resueltos por árbitros, pero en las disputas entre asegurado y asegurador que surjan con motivo de un siniestro de monto inferior a 10.000 Unidades de Fomento (Aproximadamente US$475.000), el asegurado podrá ejercer su acción ante la Justicia Ordinaria. Esta norma tiene como fin proteger a las pequeñas y medianas empresas, ya que la ley establece un monto bajo de siniestro que permite al asegurado ejercer acciones ante la Justicia Ordinaria, lo que en la práctica tiene un menor costo que un arbitraje. Lo bueno de esta norma, es que para montos de siniestro superiores se mantiene presente el sistema tradicional, ya que los conflictos pueden ser resueltos por árbitros, con la única limitación de que no es posible designar en forma anticipada a la persona del árbitro en el contrato de seguro.

– Las compañías de seguros deberán enviar a la Superintendencia de Valores y Seguros copia autorizada de las Sentencias definitivas que se pronuncien sobre materias propias de la ley que regulan el contrato de seguro, dictadas en procesos en que hayan sido parte, las cuales quedarán a disposición del público, mejorando enormemente el acceso a los precedentes.

– Por primera vez, se establece el reconocimiento específico y regulación para cierto tipo de seguros, como el seguro de robo, hurto y otras sustracciones, el seguro de responsabilidad civil, el seguro de pérdida de beneficios, el seguro de crédito y el seguro de caución. Estos seguros ya estaban siendo contratados frecuentemente en el mercado de seguros, por lo cual, era lógico que la ley los reconociera y regulara.

– Otras mejoras introducidas por esta nueva ley incluyen reglas de concurrencia de pólizas, la regulación del interés asegurable (que está mejor definido en conformidad a los distintos tipos de seguros) y la concurrencia de causas de siniestros pérdidas. En cuanto a la regulación de la pluralidad o concurrencia de pólizas de seguros que cubren una misma materia, interés y riesgo, se le otorga al asegurado la posibilidad de reclamar el pago del siniestro a cualquiera de los aseguradores con que haya contratado. Como una manera de evitar el enriquecimiento indebido del asegurado, la ley dispone que al denunciar el siniestro, el asegurado tiene la obligación de comunicar a cada asegurador la existencia de los otros seguros contratados, de manera que el asegurador que pague el siniestro tiene derecho a exigir a los demás aseguradores la cuota que les corresponda según sus respectivos contratos. Además, la ley dispone que si el asegurado llegara a recibir una indemnización superior a la pérdida, las aseguradoras pueden repetir lo pagado en exceso, pudiendo cobrar perjuicios o accionar penalmente si existe mala fe. Esta forma de regular la concurrencia o pluralidad de pólizas de seguros que cubren la misma materia, interés y riesgo es práctica y detallada, teniendo como fin la protección del mercado de seguros.

En todo caso, a pesar de ciertos aspectos que pueden ser criticables, este nuevo estatuto constituye considerablemente un progreso y debería contribuir aún más al crecimiento del mercado de seguros en Chile.

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