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Prensa

Ajustes a los Tribunales Tributarios y Aduaneros: Un peligroso recorte cortoplacista

2012 , crr , Estrategia Legal
18 diciembre, 2012

Cristóbal Riffo, Asociado Senior Area Tributaria, Alessandri & Compañía

En febrero concluye la instalación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) en todo el país. Tribunales independientes resolverán las reclamaciones de los contribuyentes contra liquidaciones, giros y resoluciones emanadas del SII y de la Dirección Nacional de Aduanas. 

Su desempeño ha sido bien evaluado en general: no he oído voz alguna que, habiendo litigado en la nueva judicatura, reclame que el sistema antiguo fuese más justo, rápido o transparente. Sin embargo, los nuevos TTA han tenido una carga menor a la proyectada. Este error de cálculo puede deberse a la concentración de contribuyentes en Santiago y a que las demás regiones aún no han sido incorporadas a la reforma.

La necesidad de contar con tribunales independientes y especializados en materia tributaria y aduanera que administren justicia de manera eficiente, ha sido un anhelo de la comunidad jurídica y de los contribuyentes en general. Pero estos grupos de interés no pueden quedarse impávidos ante la pretensión del Gobierno de rebajar en un 46% la planta de los funcionarios de los TTA de Santiago y en un 20% el número de jueces en la misma jurisdicción, argumentando que las dotaciones actuales serían excesivas para atender al promedio de mil quinientas causas anuales que se estima ingresarán al nuevo sistema a partir del próximo año.

Los fundamentos del proyecto de ley ingresado a fines de octubre no solo son débiles, sino que atentan contra el espíritu mismo de la reforma procesal tributaria y ponen en riesgo su implementación. El proyecto desconoce que los actuales tribunales –al menos los de la Región Metropolitana- se encuentran totalmente sobrepasados.

Los costos de una justicia tributaria lenta, poco acuciosa y en definitiva injusta (consecuencias casi necesarias de un sistema colapsado) afectan al país entero y muy especialmente a los más débiles. Son las Pymes y sus trabajadores los que más sufren las consecuencias de judicializar las controversias con la acción fiscalizadora del SII y de la DNA. Son ellos los con menos espaldas para incurrir en los gastos que una defensa adecuada recomienda. ¿Para qué hacer este recorte, si mantener las plantas como están asegurará en buena parte la administración eficiente de justicia? Esto paga sobradamente el costo que se pretende abaratar y genera grandes externalidades positivas a toda nuestra economía.

Artículo publicado originalmente en Estrategia Legal, 18 de diciembre de 2012

 

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